Como es de conocimiento público, en el siguiente periodo legislativo el congreso del Estado se prepara para aprobar la LEY QUE GARANTIZA LAS MANIFESTACIONES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, presentada por la diputada panista María Macarena Chávez, con la cual se pretende restringir los espacios de manifestación, (artículo 15)  o se sanciona a los manifestantes con multas o cárcel   (Artículo 19). La propuesta de la panista no es la única Ley Antimarchas, que se discute en las comisiones parlamentarias, existe también la  Iniciativa de  LEY PARA EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU MANIFESTACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, presentada por Ernesto Núñez Aguilar, con la cual se pretende limitar  el ejercicio de la libertad de expresión (Artículo 10)

 

La posible aprobación de las Leyes Antimarchas en Michoacán, se desarrolla en un contexto donde las cámaras empresariales han incrementado su actitud beligerante contra las protestas del magisterio democrático y los estudiantes normalistas, al grado de amenazar con que dejaran de pagar impuesto si no es que se reprimen las protestas de los trabajadores de la educación, o inclusive exigir el cierre de las instituciones educativas.

 

Por lo anterior, no dudamos que la aprobación de leyes que criminalicen la protesta social, no solamente sea producto de la intolerancia que caracteriza a las fuerzas conservadoras en el Congreso local, sino también, el resultado de la presión política y el chantaje de las cámaras empresariales ante el gobierno estatal y federal.

 

Además de la intolerancia y beligerancia, es importante señalar que dichas iniciativas se presentan en un escenario estatal  donde predomina la injusticia, la corrupción e inseguridad. Basta con recordar las docenas de feminicidios; los más de 260 casos de desapariciones forzadas; que en el estado de Michoacán el 59 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza,  5 por ciento más que en el 2012, y que 14 porciento viven en pobreza extrema, es decir no tiene ni para comer (CONEVAL); o que el desfalco público por más 17 mil millones de pesos con la deuda pública estatal (ASM); inclusive el robo de más de mil 400 millones de pesos al sistema de educación pública (ASF),  En todos estos casos resalta la indolencia, impunidad y nula voluntad política de los órdenes de gobierno de dar una solución favorable. 

 

En este sentido, las Leyes Antimarchas, no solo representa un acto de autoritarismo legislativo y empresarial, que contraviene todo fundamento de un estado democrático, sino sobre todo, es un mecanismo que pretende silenciar las voces de descontento y con ello permitir a gobernadores, diputados, presidentes municipales y empresarios,  violentar los derechos de los trabajadores y de la población en general. Es decir, las leyes antimarchas  son  mecanismos que garantizan la impunidad y la corrupción.

 

Es por ello que las organizaciones sociales firmantes expresamos nuestra solidaridad con el magisterio nacional y las normales oficiales del estado y su lucha por la abrogación de la reforma educativa y rechazamos la pretensión de eliminar el derecho a la manifestación pública.  Convocamos a la población a que se sume a la campaña de defensa de los derechos sociales y políticos, cuyo objetivo es: Abrogar la Ley Estatal de Educación e Impedir la aprobación de las Leyes Antimanifestaciones en Michoacán.

 

Invitamos a la población a que asistan a los foros públicos y de análisis de la Ley Antimarchas y reforma educativa.  El primero de ellos se realizara  el próximo 17 de agosto a las 5 de la tarde en la plaza Benito Juárez.

 

Quisiéramos terminar recordándoles a los diputados, por si no lo conocen o lo han olvidado, el Artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que

 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad.

 

 

 

¡Por la defensa de la educación pública y la libre manifestación de las ideas!

 

ATENTAMENTE

 

Colectivo en Defensa de Nuestra Soberanía Alimentaria, Frente Popular Revolucionario (FPR), Partido Comunista de México (PCdeM), Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Comité de Familiares de Personas Desaparecidas “Alzando Voces”, estudiantes de la Normal Superior de Michoacán y de la Normal Urbana Federal “Profesor J. Jesús Romero Flores”.