Por: Hazel Romero
El 18 de agosto del presente año, fue dado a conocer el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). Tras su publicación hubo una serie de opiniones que polarizaron el debate. Por un lado, los grupos de derecha afirmaron que no hubo avances en la investigación, que la versión de la llamada “verdad histórica” continúa sin haber sido modificada en lo sustancial, por el otro lado, tenemos a los grupos de simpatizantes (aduladores) de Andrés Manuel López Obrador y Morena, quienes ensalzan el contenido del documento y, aseveran que el gobierno en turno ha avanzado enormemente en el esclarecimiento de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Sin embargo, es necesario alejarnos de esas dos versiones que rayan en lo acrítico. Por su parte, el vicio del defecto consiste en posicionarse en una total desaprobación del gobierno en turno, tal y como ocurre en el caso de los primeros. Asimismo, por una cuasi-idolatría que es el vicio del exceso que domina a los segundos. A casi 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, es necesario analizar con mesura y rigor toda la información que sale a la luz con el objetivo de caminar a paso firme hacia la senda de la justicia y la verdad.
Para comenzar el análisis del informe, voy a describir muy brevemente el contenido más relevante de los apartados que integran el documento.
Del primer apartado, destaca el hecho de haber confirmado la identificación de Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander de la Mora Venancio. Los otros elementos relevantes de este apartado, son el evidenciar la negligencia y los obstáculos que impidieron el avance en la investigación del caso, así como señalar el nexo y la comunicación que existió entre el grupo criminal de Guerreros Unidos y las autoridades municipales, durante y después, de los sucesos del 26 de septiembre.
Del segundo apartado, la información más importante puede ser enumerada en tres puntos: 1) El escarnio que existía contra los movimientos sociales en Guerrero y, la movilización que llevaría a cabo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) el 2 de octubre de 2014, la cual estaba siendo organizada por la Normal de Ayotzinapa; 2) El espionaje ejecutado por parte del ejército dentro de la Normal Raúl Isidro Burgos. El elemento infiltrado resultó formar parte de los 43 estudiantes desaparecidos. Según el documento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa:
De acuerdo con la información obtenida la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la normal, el soldado Julio César López Patolzin […] con un tiempo de servicio de 5 años 8 meses. Las actividades que realizaba López Patolzin, desde 2012 en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistía en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal. (CoVAJ, 2022. Pag. 31)
3) El monitoreo de las acciones de los normalistas por parte de las autoridades municipales, estatales federales y el ejército. De acuerdo al informe todas estas instancias: “Estuvieron al tanto de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala […], así como de los hechos de persecuciones y violencia que precedieron a la desaparición.” (CoVAJ, 2022. Pag. 32)
La falta de acciones por parte de estas autoridades, pese a conocer la situación que enfrentaron los normalistas, revela su complicidad ante los hechos de persecución, violencia y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo cual, determina su culpabilidad. De ahí que este trágico suceso haya sido reconocido como crimen de Estado.
El apartado tercero y cuarto se enfocan en brindar una reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Según la información recopilada a través de una serie de intervención de comunicación (llamadas y mensajes), el informe postula el devenir de los acontecimientos en 4 momentos.
Los elementos sobresalientes de esta reconstrucción histórica son los siguientes: Una comisión de normalistas fue a Iguala para conseguir camiones (la toma de camiones es una acción común entre los normalistas debido a la falta de asignación de recursos del Estado) para la actividad del 2 de Octubre. El comité organizador de Ayotzinapa requería contar con 20 autobuses para el traslado de las 16 delegaciones de las Normales del país y apenas tenían 8 transportes asegurados; El arribo de los normalistas a Iguala se da en medio de un contexto hostil debido al enfrentamiento entre los cárteles de Guerreros Unidos y Los Rojos; Uno de los camiones que tomaron los estudiantes en la central de autobuses de Iguala contenía “mercancia” (droga o dinero) perteneciente a Guerreros Unidos; este último grupo criminal, al principio, confundió a los estudiantes con sus adversarios y pensaron que iban a intentar tomar su plaza; Hubo todo un operativo coludido por agentes policíacos, el ejército y los Guerreros Unidos para recuperar la mentada mercancía; el A1 (presuntamente es la clave que pertenecía al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca) líder del operativo, dio la orden, a través de un mensaje, de desaparecer y asesinar a los normalistas de Ayotzinapa, sin importar que no fuera sus rivales; los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos que fueron desaparecidos fueron separados en al menos tres grupos y llevados a diferentes partes; la Sedena registró una llamada anónima el 30 de septiembre a través del número 089, en la cual se informaba sobre el paradero (Pueblo Viejo) de los estudiantes secuestrados; la conclusión del recuento da por muertos a los estudiantes desaparecidos.
El último apartado consiste en denunciar que la supuesta verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, fue toda una farsa orquestada por todos los niveles de gobernación, la policía, el ejército y la marina. Algunos nombres que destacan en la organización de la ahora llamada mentira histórica, una versión sustentada con base a torturas y omisiones son: Jesús Murillo Karam, Rodrigo Archundia, Hugo Ruiz, Gilberto Ramírez Gutiérrez y Tomás Zerón, sin embargo, no se destaca la participación de altos mandos del gobierno federal, el ejército y la marina.
Ahora bien, después de haber presentado de manera general el contenido del informe, es pertinente pasar a su crítica.
En primer lugar, las formas en las que se presentó el informe son cuestionables. En sus primeras páginas se puede leer lo siguiente : “toda la información y productos obtenidos por la Comisión Presidencial ha sido entregada […] al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con quienes hemos construido una relación de confianza y colaboración que debemos destacar.” (CoVAJ, 2022. Pag. 2) No obstante, el mismo GIEI sacó un comunicado el día 22 de agosto del año en curso, en el cual, desmiente lo anterior y afirma no haber conocido el contenido del informe previamente a su presentación y tampoco haber participado en su redacción. El primer punto de dicho texto establece lo siguiente:
Conocimos el contenido del informe sólo a partir de la exposición del 18 de agosto del 2022, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia del presidente de México y altas autoridades del Estado. El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022. (GIEI, 2022).
Aunado al hecho de haber presentado sus investigaciones, sin previa consulta del GIEI, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa tampoco informó con anticipación los resultados a los padres y las madres de familia de los estudiantes desaparecidos. Situación que también fue señalada por el posicionamiento del Grupo de Expertos: “debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres.” (GIEI, 2022).
Así pues, el informe de la CoVAJ parece haber sido elaborado de manera unilateral y sin considerar la valoración de los familiares de las víctimas del crimen previo a la presentación pública del documento.
En lo que respecta al contenido del documento, resulta sumamente objetable el ocultamiento de información. A lo largo del informe se puede observar que hay una censura del texto o de las imágenes de los mensajes que son presentados como evidencia, en especial desde la página 58 hasta la 84, en las cuales se localizan los contenidos que relatan cómo fue dada la supuesta orden de ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, cómo fue la desaparición de los mismos y la intervención del gobierno para cubrir esos horribles actos. ¡Casi 30 páginas son imposibles de leer! ¿Cuál es el motivo de este proceder? ¿Cómo espera la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa encabezada por Alejandro Encinas, que confíemos en un texto que contiene información parcial, información que es indispensable para sostener las conclusiones de su investigación? ¿A quién quieren proteger o qué no quieren que sepamos con claridad? Esta falta de seriedad deja mucho que desear de un informe que lleva casi 4 años de investigación.
El comunicado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también cuestiona estas omisiones de la siguiente manera: “Desde el momento de la presentación hemos solicitado tener acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.” (GIEI, 2022). Es necesario pues, la transparencia y el estudio de la información y los medios de donde se obtiene para corroborar la veracidad de las pruebas presentadas. De lo contrario la falta de información puede derivar en una nueva desilusión en la investigación, tal y como lo asevera Alejandro Saldaña: “la omisión puede dar lugar a fundadas sospechas de que el informe podría ser un paso hacia una suerte de carpetazo histórico del caso Ayotzinapa.” (Saldaña, 2022).
Por otra parte, no todo es negativo en el informe, no podemos obviar que es un logro el que se haya reconocido como crimen de Estado lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa. Algo que si bien se señaló desde las movilizaciones y jornadas de lucha hace mucho tiempo, es un avance en cuestión de responsabilizar la participación de todo el aparato gubernamental tanto federal como estatal y, sin dejar de lado a las fuerzas policíacas, del ejército y la marina. Lo cual, necesariamente debe materializarse en el ámbito legal con la aprehensión de todos y cada uno de los responsables, de lo contrario, dicho señalamiento no pasaría de ser un mero formalismo.
Sin embargo, afirmar que el Estado es el culpable del crimen de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, también es una tesis que revela el carácter instrumental del mismo y, sobre todo, el uso que la clase dominante le da para atacar a sus enemigos de clase. Históricamente el Estado burgués ha intentado por todos los medios desmantelar las normales rurales del país y acabar, de una vez por todas, con su legado post-revolucionario, esto debido a que son vistas como nidos de guerrilleros o de comunistas. De ahí que el atentado contra los estudiantes haya contado con todo ese respaldo. Incluso el de la fuerza coercitiva no reconocida del Estado: el narcotráfico.
En vista que el informe no menciona que los grupos criminales forman parte de la estructura del Estado, es imperioso señalarlo. La operación de los cárteles se da bajo el pleno conocimiento del Estado y, en la mayoría de los casos, hay una relación o participación activa de los representantes de gobierno con el narcotráfico, tal y como ocurrió en el caso de Ayotzinapa. Estos criminales son usados por el Estado como mercenarios; a cambio de ciertos favores, efectúan las tareas que no se pueden realizar desde el lado institucional o legal. Por ello, es necesario aceptar que el crimen perpetuado contra los estudiantes normalistas fue responsabilidad del Estado, pero de aquel Estado burgués que trabaja en contubernio del crimen organizado.
Finalmente un punto importante que se desprende del informe, y que abona al señalamiento anterior, es el hecho del espionaje al interior de las normales rurales. Este punto es vital porque aporta dos elementos claves. Primero, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, la nula activación del protocolo de rescate del militar Julio César López Patolzin, fue un factor que evitó el haber realizado una mayor búsqueda para encontrar a los normalistas. De ahí que sea necesario investigar al 27 batallón de infantería de Iguala, que era la instancia en la cual estaba inscrito, los motivos por los cuáles no accionaron, así como investigar el objetivo de haber infiltrado a un soldado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Lo cual nos conduce al segundo elemento, si una de las normales rurales del país fue fácilmente infiltrada, que nos hace pensar que esto no ocurre en alguna otra. Por esa razón, también una consigna necesaria es ¡Alto al hostigamiento, sabotaje y espionaje del normalismo rural!
En suma, el informe tiene muchos puntos cuestionables y pocos rescatables, pero es en el margen de la acción donde va quedar demostrado su verdadero carácter. La detención de Murillo Karam, es sólo un pequeño paso para confiar en su contenido, su línea de investigación y operación. Al juzgar a primera vista no hay un avance significativo en la búsqueda de los 43 normalistas. Sólo resta mantenernos al pendiente de la información que emita el gobierno y la CoVAJ y seguir brindando un total y solidario acompañamiento a las madres y los padres de los estudiantes y a los compañerxs de las normales del país.
La búsqueda no puede parar hasta encontrarles, si el Estado burgués no garantiza nuestra seguridad, ni el otorgamiento de verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa, seamos nosotrxs, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, amas de casa y organizaciones sociales quienes luchemos por ello.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!
¡Hasta encontrarles!
Referencias:
Centro de Derechos Humanos. [@CentroProdh]. (22 de agosto de 2022). Comunicado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. https://mobile.twitter.com/CentroProdh/status/1561755814536282113
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. (2022). Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Informe_Presidencia
Saldaña, A. (22 de agosto de 2022). El informe Ayotzinapa: Entre la verdad histórica y el carpetazo de Estado. RompevientoTv. https://www.rompeviento.tv/el-informe-ayotzinapa-entre-la-verdad-historica-y-el-carpetazo-de-estado/
