Por: Redacción
El pasado martes 5 de abril, se cumplieron 5 años de la brutal represión que sufrió la comunidad P’urhépecha de Arantepacua. Como cada año las y los comuneros del municipio de Nahuatzen se manifestaron en la ciudad de Morelia, en esta ocasión, en compañía de una fracción de la sección XVIII de la CNTE, grupos de estudiantes normalistas y simpatizantes de su causa, para exigir justicia y castigo a los responsables de aquel cruento operativo que tanto daño causó a su comunidad. Entre consignas y pintas las y los comuneros de Arantepacua hicieron un llamado a la sociedad para no olvidar ni perdonar los fatídicos hechos de aquel 5 de abril del 2017.
Aquel día, la comunidad ya se encontraba en estado de alarma, debido a que un día antes, el 4 de abril, un grupo de representantes que había acudido a una reunión con el gobierno del Estado en la ciudad de Morelia, para exigir la solución a un conflicto territorial con su comunidad vecina de Capacuaro, -el cual lleva más de 60 años sin ser resuelto-, terminaron siendo aprehendidos de manera arbitraria por elementos de la policía del Estado. Los hechos ocurrieron cuando los representantes se dirigían de regreso a su comunidad, pero fueron interceptados por un bloqueo de la policía estatal y policías de tránsito. Tras dicho encuentro, 38 comuneros de Arantepacua fueron detenidos a base de violencia y con acusaciones falsas.
Gracias a una nota realizada por Arturo Contreras en el medio digital Pie de Página, podemos acceder al relato de uno de los comuneros que aquella noche fue arrestado:
«La policía de Michoacán y policías de tránsito tenían cerrada la avenida. Íbamos camino al pueblo para informar cómo nos había ido en esa reunión», cuenta uno de los comuneros presentes el día de los hechos. «Sin mediar palabra, nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, nos golpearon, se subieron al camión y nos llevaron a la procuraduría, nos trataron de manera inhumana. Ahí nos incriminaron de bloquear una avenida y de haber secuestrado al chofer, de haber robado el camión en el que veníamos» (2020).
Luego de que la comunidad se enteró del arresto de sus compañeros, el 5 de abril, “15 miembros de la comunidad cerraron la carretera que va de Pátzcuaro a Cherán. Detuvieron un par de camiones de carga y los atravesaron en el camino como medida de presión para la liberación de sus compañeros detenidos.” (Contreras, 2020). No obstante, la respuesta del Estado michoacano conformado en ese momento por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el secretario de gobierno Adrián López Solís (actual fiscal general del Estado), y el subsecretario de gobierno Armando Hurtado, fue brutal. En vez de liberar a los presos políticos, usaron el poder represor del Estado y mandaron a cientos de elementos de la policía y el ejército a Arantepacua. En su nota, Arturo Contreras detalla lo siguiente: “más de 800 policías estatales llegaron con la sola intención de castigar a la comunidad y sosegar sus demandas sociales” (2020). El caos y el terror se expandió en toda la comunidad al arribo de la fuerza policial.
Las campanas de la iglesia de Arantepacua resonaron anunciando el peligro que se aproximaba. Las y los comuneros intentaron frenar el acceso de la policía a su comunidad, pero los elementos policiacos atacaron desde el principio de manera brutal. Como una manada furiosa entraron al pueblo arremetiendo tiros, no hubo distinción, atacaron y amedrentaron a niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres y personas de edad avanzada. Todas las casas fueron tomadas por asalto y fueron saqueadas. Los policías como viles carroñeros tomaron todos los objetos de valor que encontraban a su paso y en su frenética marcha iban agrediendo a cualquier persona que callera bajo su mirada. La comunidad se defendió con lo que pudo: piedras, palos y herramientas de trabajo, pero estas piezas rudimentarias no podían hacer frente al armamento de los antimotines, quienes además de armas, contaban con helicópteros y vehículos de asalto. Aquello no fue un enfrentamiento, como algunos medios quieren hacerlo ver, sino que fue una masacre.
En un artículo de Daliri Oropeza encontramos la narración de una mujer de Arantepacua que vivió aquel trágico acontecimiento:
No nos dio tiempo de reaccionar, ni de pedir ayuda. Con mucho miedo, con mucho temor, nuestra primera reacción fue resguardarnos en nuestra casa. Eso hicieron como primera instancia la mayoría mujeres. Pero al ver que comenzaron a entrar a los domicilios, ya ningún lugar era seguro, entonces comenzamos a defendernos con palos y piedras. Pero nuestras armas no fueron suficientes para defendernos de un ataque tan cruel, como el venir a matarnos. No se le puede llamar de otra forma a esta masacre, describe Luz, mujer p’urépecha originaria de Arantepacua (2022).
También en el trabajo de Arturo Contreras, es posible acceder a la descripción de los hechos relatados por otras y otros pobladores. A continuación, cito algunos:
«Empezamos a ver que venían policías de la carretera, mi hijo se espantó, y yo le dije: ‘no, hijo, ellos vienen a trabajar’”, cuenta Xóchitl Madrigal. Su casa es la primera del pueblo. Ella fue la primera en ver la caravana de más de 800 policías que se precipitaban contra la comunidad. En pocos momentos una lluvia de balas llenó su casa. «Yo le dije a mi hijo que se quedara adentro, pero cuando menos vimos, nos sacaron a mi esposo, a mi hijo, a mi nuera con su bebé y a mí de la casa. En ese rato no pude hablar nada, porque no eran cinco policías, no eran 100, eran miles, como las hormigas estaban afuera. Miré a mi hijo y a mi nuera. No te apartes les dije, quédate aquí, pero no funcionó, igual se lo llevaron (2020).
Al interior de la casa de Xóchitl, los policías habían agarrado a toda la familia, cuenta Elpidio Jiménez, su esposo. «Entraron y me gritaron que levantaran las manos. Me dijeron tírate ahí, híncate. Me dieron un chingadazo en la cabeza y solo vi cómo se llevaban a mi nuera con su bebé chiquito de un año. ¿Qué les estamos haciendo, señores policías?, Les pregunté, pero cuando vi todo, ya era muy tarde». A los pocos momentos, sacaron a Elpidio de su casa. «Entre dos me llevaban arrastrando y pum, que de repente me sueltan un balazo y que me duele, ¡ay! grité y el que me llevaba del otro lado llevaba un palo y que me da un chingadazo ¡Cállate, perro! No grites. No sé cuántos balazos me dieron, pero todo me llenaron de balazos». Dice mientras se toca el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca, pasando por el costado y las costillas (2020).
El resultado, después de haberse perpetrado ese inhumano operativo fue: el asesinato de 4 comuneros: Francisco Jiménez, Santiago Crisanto, José Carlos Jiménez y Luis Gustavo Hernández; “10 casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas del ataque por el estado de sitio y el terror que provocaron” (Oropeza, 2022). Además, según información presentada en una investigación de la revista Proceso:
De acuerdo con la CNDH, durante los hechos se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad purépecha de Arantepacua (Zamora, 2022).
Estos crímenes de Estado cometidos en contra de la comunidad de Arantepacua, son muestra de la intolerancia y del carácter barbárico y neocolonial del mismo. También, da cuenta de la imposibilidad de acceder a la justicia en un sistema que administra la violencia a su conveniencia y, a su vez, legisla la ley, esto nos conduce a la aporía de pedir que el Estado se castigue a sí mismo, cosa impensable en el capitalismo. El Estado burgués es un instrumento al servicio de una clase y justo en este tipo de situaciones es cuando más claramente se puede apreciar. Aún cuando haya cambiado el color del partido político que ostenta el control del Estado, mientras no se garantice el cumplimiento a las demandas populares, ese gobierno seguirá sirviendo a la burguesía.
Otro elemento importante que está detrás de lo ocurrido en Arantepacua aquel 5 de abril de 2017, y sus consecutivas manifestaciones para exigir justicia, es el papel de los medios de comunicación. Estos últimos, en vez de ser fuentes fidedignas de lo ocurrido, en su mayoría han sido utilizados por el Estado para aminorar o tergiversar la información de lo ocurrido. Esto con el fin de evitar la desaprobación social. Por ejemplo, periódicos como el Universal o el Sol de Morelia, enfatizaron más los supuestos daños materiales que provocó la última marcha de la comunidad, pero tocaron mínimamente los hechos ocurridos en 2017 o las demandas de las y los comuneros p’urhépechas. Asimismo, en algunos programas de radio de Morelia, es posible escuchar la desaprobación, el reclamo y la criminalización hacia las y los manifestantes de Arantepacua, pero no dicen nada del por qué salen a las calles. Así pues, aíslan la información a su conveniencia y deslegitiman el movimiento social.
Desde el sentido común es más fácil tachar de violentos a quienes rayan, dañan edificios y toman carreteras, pero esta violencia que tanto señalan y criminalizan, es una forma de visibilizar el daño que han sufrido y la falta de respuestas y soluciones a sus demandas sociales. Es una violencia que confronta y resiste a los embates de una violencia mayor, a saber, la violencia institucional del Estado. La violencia que ejerce el Estado es encubierta y protegida por todas las instituciones del mismo. De ahí que, los medios que tachan a las y los comuneros de Arantepacua de vándalos son, en realidad, construcciones discursivas que pretenden ocultar la complejidad política y la naturaleza violenta del Estado.
Los pueblos originarios que luchan y se organizan por el bien de su comunidad no han dejado de ser vistos por el Estado como una amenaza, pese a que los discursos oficiales hablan de respeto, igualdad y equidad, la realidad es que no existe un pleno reconocimiento a sus derechos como sujetos colectivos o como pueblos. El hecho de que los diferentes Estados de la República no accedan a conferirles la autonomía a cada comunidad indígena que la exige, es prueba de ello.
Es por esta razón que, desde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria nos posicionamos en favor de la lucha por la libre autodeterminación de los Pueblos originarios. Asimismo, enfatizamos nuestro completo respaldo a la comunidad de Arantepacua. A cinco años de aquel fatídico día, nos sumamos a sus exigencias:
Justicia para la comunidad de Arantepacua.
La atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)
La reparación del daño a las personas afectadas o sus familiares
Castigo a los culpables. Juicio contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, Adrián López Solís ex secretario de gobierno y Armando Hurtado ex subsecretario de gobernación
La destitución de Adrián López Solís, fiscal general del Estado
El cumplimiento de la Recomendación 42VG/2020, enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Ninguna disculpa pública va a ser suficiente para enmendar el daño perpetuado contra la comunidad de Arantepacua ¡Ni perdón, ni olvido!
¡Ante la barbarie capitalista, el futuro es socialista!
Referencias:
Contreras, A. (20 de febrero de 2020). En Arantepacua la represión avivó la autonomía. Pie de Página. https://piedepagina.mx/en-arantepacua-la-represion-avivo-la-autonomia/
Oropeza, D. (29 de marzo de 2022). La masacre de Arantepacua. Pie de Página. https://piedepagina.mx/la-masacre-de-arantepacua/
Zamora, P. (5 de abril de 2022). Recuerdan con pintas y destrozos la matanza de Arantepacua. Proceso. https://www.google.com/amp/s/www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/4/5/recuerdan-con-pintas-destrozos-la-matanza-de-arantepacua-283751.html
