Salud y Resistencia
El día 17 de octubre de 2015, las y los trabajadores de la salud organizados en el Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social convocaron al Foro “Reforma en Salud, consecuencias y perspectivas”; en el cual participaron académicos conocedores del sistema de salud en México, como el doctor Gustavo Leal, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, y enfermeras con una larga trayectoria de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la salud, como María Luisa López.
En dicho foro se expuso una breve explicación sobre el con-tenido de la Reforma en Salud, propuesta primero por la entonces titular de la Secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, y posteriormente el 2 de octubre de 2014 por la bancada de senadores del Partido de Acción Nacional.
A lo largo del foro, los especialistas coincidieron en señalar que la reforma busca beneficiar con millonarios contratos a las grandes empresas privadas dedicadas a los servicios médicos, a costa de dejar de financiar a las instituciones públicas que hasta hace poco garantizaban la salud como un derecho de los trabajadores del país.
¿En qué consiste el proyecto de Reforma en Salud?
La Reforma en Salud fue anunciada por el presidente Peña Nieto en diciembre de 2012 como parte de las reformas estructurales que hasta el momento ha impulsado su gobierno. El proyecto de Reforma pretende establecer la “Universalidad de los Servicios de Salud”, mediante la modificación de los artículos 4° y 73 de la Constitución para poder crear el Sistema Nacional de Salud Universal. El Servicio Universal de Salud se otorgará por medio de un “Paquete Básico de Servicios de Salud” que incluye sólo 163 enfermedades, todas del primer nivel de atención; es decir, enfermedades de poca complejidad como gripas, diarreas y otras. Este Servicio Universal no podrá satisfacer toda la demanda de servicios médicos, ocasionando dificultad al sector salud para cubrir los requerimientos. El exceso de la demanda y la incapacidad para cubrir la solicitud, traerá la necesidad de ampliar servicios y facilitar la subrogación (pago directo a terceros –privados- como prestadores del servicio). Los servicios adicionales solicitados por el usuario/derechohabiente (pero no incluidos en el paquete básico), deberán ser cubiertos por los pacientes mediante las modalidades de: 1. Pago directo (copago), pagando además de la cuota básica los gastos de la atención de alta especialidad; 2. Servicio de Aseguradoras Privadas (pre-pago), contratando paquetes de atención médica con las empresas que monopolizan el mercado financiero de los seguros médicos.
La Reforma tiene como meta final fusionar las diferentes dependencias sanitarias (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Seguro Popular) para unirlas en una sola red de servicios médicos. En ese sentido, los sindicatos del sector salud con sus Condiciones Generales y Contratos Colectivos de Trabajo también desaparecerán, lo que significa una pérdida de logros laborales: desaparece el patrón, queda sin efecto la relación laboral de los trabajadores. Con el nuevo patrón, los médicos y enfermeras trabajarán a granel, pues la condición del Nuevo Sistema Laboral implicará cumplir con indicadores tales como controles y estándares que miden la cantidad y la calidad del servicio otorgado, para así evaluar el desempeño laboral.
De manera que los trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, químicos, psicólogos, asistentes médicos, técnicos radiólogos, etc.) podrán trabajar en cualquier institución, pero se verán obligados a cumplir con estándares de calidad que se medirán en número, tiempo y eficiencia; es decir, más trabajo en menor tiempo. Un punto más a destacar es que la evaluación de probables conflictos médico-legales y delitos en la prestación de Servicios de Salud, hoy en día analizados por la CONAMED (que está dirigida por médicos), pasará a manos de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (a cargo de administradores de empresas), quienes dependerán de la Iniciativa Privada (empresarios que están imponiendo el proyecto de Universalización de los servicios de salud).
En síntesis, la Universalidad de los servicios de Salud propuesta por los empresarios organizados en la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), y los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno de Peña Nieto (primero Mercedes Juan y actualmente José Narro Robles), realmente significa la destrucción del derecho a la salud. Pues quieren reducirlo exclusivamente a los paquetes básicos-mínimos que hoy opera el Seguro Popular, abriendo al mismo tiempo a las empresas privadas, que hoy monopolizan el mercado de los servicios de salud en México, el uso de los recursos públicos; es decir, más impuestos y menos prestaciones para los trabajadores y la población en general. Fórmula que puede expresarse de la siguiente manera: se socializan los gastos entre el pueblo y se privatizan las ganancias entre unos cuantos empresarios multimillonarios.
“El IMSS no se privatizará”… pero tu salud sí
El 21 de octubre de 2015 en la Asamblea General del IMSS, el presidente Peña Nieto dirigió un mensaje en los principales noticieros televisivos para afirmar que era una “gran mentira” que el IMSS será privatizado. Dos días después el médico militar Román Acosta, delegado del IMSS en Michoacán, realizó una campaña in-formativa para advertirles a los trabajadores que la institución no se privatizará, que hay “malintencionados” difundiendo rumores para confundirlos. Es cierto que en el proyecto de Reforma en Salud no se contempla que las instituciones IMSS, ISSS-TE o Secretaría de Salud pasen tal cual a manos de empresarios privados. Sin embargo, sí existe una privatización de los servicios y atención médica que prestan dichas instituciones, en el sentido de que se está considerando la atención médica como una mercancía por la cual todo derechohabiente debe pagar.
El mecanismo de privatización que desde aproximadamente hace diez años se ha ido imponiendo se llama “subrogación”. La subrogación de servicios médicos consiste en la transferencia de recursos públicos obtenidos a través del pago de impuestos de los trabajadores, hacia empresas privadas que cobran por ofrecer el servicio que las instituciones de salud han dejado de brindar; es decir, en lugar de capitalizar con ese dinero al propio IMSS o al propio ISSSTE, el dinero es destinado a las empresas privadas. De manera tal que gana el empresario privado, pierde el paciente y la seguridad social es individualizada para dejar de ser un derecho colectivo.
Recientemente los empresarios que impulsan la Reforma en Salud dieron un paso más en la “subrogación de servicios”, avanzando así en la privatización de la salud. El viernes 4 de septiembre de 2015, el IMSS emitió los fallos para subrogar los servicios de hemodiálisis, extramuros e intramuros, con los que se atenderá a poco más de 25 mil derechohabientes. Los ganadores fueron dos empresas millonarias que se repartieron todo el país en cuatro partidas: Fresenius Medical Care, dirigida por el empresario Alfredo Merino, y la compañía Reactivos Químicos, dirigida por José Antonio González Anaya (ex director general del IMSS y yerno de Carlos Salinas de Gortari). El contrato licitado comprende 4 años, por lo cual se les pagará alrededor de 5 mil 400 millones de pesos. Es necesario mencionar que FRESENIUS está asociada al bloque empresarial Funsalud, asociación autora del proyecto de “Universalidad de los Servicios de Salud”; en donde se contempla la participación masiva en la salud pública de todas las empresas que hoy subrogan servicios y subcontratan personal médico, así como también las compañías de seguros privados.
FUNSALUD: el bloque empresarial que diseñó la Reforma en Salud
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), es una asociación civil fundada en 1985 e integrada por un total de 169 empresas nacionales y transnacionales entre las que destacan Grupo Televisa, Televisión Azteca, Coca cola, Grupo Bimbo, Grupo Cemex, Grupo Cuauhtémoc-Moctezuma, IMS Health México, Fresenius Medical Care México, Nacional de Drogas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre otras. En palabras de los propios empresarios que la integran, Funsalud es una asociación que busca influir en el sistema de salud mediante el desarrollo de investigaciones que generen propuestas de “políticas públicas” para lograr que México sea más competitivo frente a los otros países.
En su documento titulado “Competitividad y Salud, hacia un sistema más eficaz y eficiente”, los empresarios piensan que es necesario contribuir al mejoramiento de la salud en México bajo la consideración principal de que la capacidad de competitividad entre los países depende de su productividad, donde se combinan los recursos humanos (trabajadores), recursos de capital y recursos naturales. Es decir, para los empresarios lo único importante de atender el “derecho a la salud” es ofrecer un país “competitivo” para que las empresas transnacionales inviertan en México, y cuenten con “mano de obra” que esté “saludable” para trabajar. En ese mismo sentido, además, los empresarios consideran que vender servicios médicos hoy en día es una gran “oportunidad de negocios”; tal y como actualmente ha aprovechado la anteriormente mencionada compañía Fresenius.
Durante el gobierno de Vicente Fox, el doctor Julio Frenk, titular de la Secretaría de Salud, impulsó la creación del Seguro Popular a partir de un proyecto diseñado por Funsalud. Cabe precisar, que en ese momento el doctor Frenk también se desempeñaba como asesor de dicha asociación empresarial. Posteriormente, la doctora Mercedes Juan, ex – diputada priísta en 2007 y directora ejecutiva de Funsalud hasta finales de 2012, fue designada por el presidente Peña Nieto como titular de la Secretaría de Salud. En calidad de funcionaria de gobierno, Mercedes Juan impulsó el proyecto de Funsalud a partir del documento titulado “Universalidad de los servicios médicos”, presentado ante diputados y senadores desde 2012. En dicho documento, esta “asociación civil” refiere que es necesario homologar bajo un solo patrón a todo el sistema de Salud. Pero como se cuenta con bajos recursos presupuestales: “se prevé la participación del sector privado” en proveer servicios de salud, operación de abastecimiento de insumos médicos y de medicamentos a todo el Sector Salud. Por ello, critica que la Secretaría de Salud sea rectora y prestadora de servicios de Salud, proponiendo que la iniciativa privada sea quien funja como rectora del control de hospitales de servicios públicos de salud.
