El gobierno mexicano en materia de política exterior está obligado constitucionalmente a sostener los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Sin embargo, ha violado sistemáticamente esos principios, recientemente Luis Videgarray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, ha emitido sendas comunicaciones intervencionistas en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora, el Canciller mexicano, encabeza la iniciativa intervencionista en la Organización de Estados Americanos. Una posición más cercana al gobierno de Donald Trump y distinta de los valores anti intervencionistas del pueblo mexicano. Tristemente, el gobierno mexicano intercambia la soberanía de Venezuela a cambio de flacos favores durante la re-negociación del Tratado de Libre Comercio.
Es insólito la postura intervencionista del gobierno mexicano en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Se ha roto la tradición anti intervencionista del gobierno mexicano. La postura intervencionista de Enrique Peña Nieto y Luis Videgarray Caso, es equiparable a la conservadora Junta de Notables que el 3 de octubre de 1863 se entrevistó con Maximiliano para ofrecerle la corona de México.
Esto no es una cosa menor. En el siglo XIX México enfrentó la guerra de intervención de Estados Unidos, que ocasionó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y dos guerras de intervención de Francia. A partir de estos hechos históricos nace en el pueblo mexicano el sentimiento anti intervencionista y la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese sentimiento se plasma en el himno nacional mexicano:
¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!
Exigimos que el gobierno mexicano detenga sus posturas intervencionistas, y condene las agresiones del gobierno de los Estados Unidos en contra de los pueblos del mundo, que condene la agenda bélica de Donald Trump, la principal amenaza del planeta.
Finalmente, si el gobierno mexicano tiene verdadero interés en la defensa de los derechos humanos, tiene cuentas pendientes con el pueblo mexicano:
• En 2016 se registraron 23 mil homicidios intencionales en México, sólo superado por los 60 mil de Siria, según informó el Instituto de Estudios Estratégicos.
• Desde 2007 a la fecha se han localizado 855 fosas clandestinas, según datos oficiales. Es tal, la cantidad de fosas clandestinas que los procuradores de justicia acordaron crear un mapa con la localización de dichas fosas.
• Desde el año 2000 a la fecha se han asesinado a 104 periodistas. De acuerdo a Reporteros sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso para los periodistas, sólo superado por Siria y Afganistán.
• El 3 de abril el periódico El Norte de Ciudad Juárez, cerró definitivamente, ya que ‘no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso’’.
• El 50% de los feminicidios en América Latina ocurren en México, según informa el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica.
• De enero a agosto de 2016 fueron asesinados 47 defensores de derechos humanos en México, informó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
• Además de casos emblemáticos inhumanos e impunes, tales como: matanza de migrantes en San Fernando Tamaulipas, muertas de ciudad Juárez, matanza de Aguas blancas, ejecución extrajudicial de Tlatlaya, desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, guerra sucio de los 70’s, matanza estudiantil del 68 y 70, represión contra Nochixtlán, corrupción en las altas esferas de gobierno, fraudes electorales escandalosos
En el ámbito de la defensa de los derechos electorales y apego al estado de derecho, exigimos al gobierno:
Presentación con vida de las personas desaparecidos
Garantizar con vida de las personas
Justicia para las víctimas. Castigo para los autores intelectuales y materiales.
Alto a la censura.
Alto a los fraudes electorales. Respeto al derecho constitucional del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Ante la descomposición de las instituciones, refundar la república.
