La privatización de la educación es una política neoliberal de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. Este proceso está encaminado a que el conocimiento científico y tecnológico sea encaminado para suplantar el servicio en beneficio común, por la productividad del mercado capitalista. Lo que ha traído un sinfín de reformas en la educación media superior y superior, especialmente en las instituciones públicas.

En México el proceso de privatización comienza desde los años 80’s y detona a mediados de los 90’s pero más concretamente en el año de 1992 cuando el gobierno salinista firma el Programa y los Acuerdos para la Modernización Educativa, cuyo eje fundamental es la política de modernización de la educación superior en México. Los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública, Luis Eugenio Todd y Antonio García Huguet exponen en un libro titulado “Visión de la Universidad Mexicana”, el nuevo paradigma de educación resumido en los siguientes incisos:

a) que el subsidio público a las universidades es insostenible para el país; b) que es necesario acabar con la gratuidad de la educación; c) que es necesario bajar el subsidio económico gubernamental a las universidades para que estas sean verdaderamente autónomas; d) que se debe de dejar de tener miedo a incrementar las colegiaturas; e) que es necesario bajar gradualmente la matrícula de le educación media superior para evitar la carga administrativa demanda de ella. En cuanto al sentido educativo de la universidad hacen dos recomendaciones; a) que la educación se concentre en troncos comunes en función de comercios comunes, versatilidad industrial y cambios tecnológicos y científicos; b) que se luche contra la universidad no técnica y que critica a las clases dominantes. Los autores proponen considerar su proyecto reformando la constitución para que explícitamente señale que; a) se reconozca la imposibilidad de cumplir con la obligación constitucional vigente de la enseñanza gratuita, b) se legisle de una manera con lo posible y lo deseable, c) se defina el derecho a la autonomía con las características necesarias para la modernización propuesta.

Una de las adecuaciones necesarias para que el proyecto neoliberal avance, es la evaluación privada y comercial de la educación. Un ejemplo es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) * desde 1994 el gran monopolio privado de medición de la educación para nivel medio superior y superior, decide quién puede ingresar y quién no.

Este examen es el que se aplica para el ingreso a la UMSNH.

Su uso conlleva diversos problemas, por ejemplo, ¿El derecho de las personas a la educación se debe otorgar mediante un examen? La educación pública y gratuita se ganó mediante las luchas sociales ante la necesidad del pueblo de estar en contacto con el desarrollo científico, tecnológico y de carácter humanista. La Universidad pública existe porque fue una conquista de los hombres y mujeres que lucharon por ella, y aún hoy, es la sociedad quien la mantiene en pie a través de los impuestos. Es decir, aquellos que la pagan por sus contribuciones diarias, son los que menos tienen acceso a ella.

La elaboración de los exámenes no toma en cuenta el perfil que necesita la sociedad, sino el mercado. Quienes determinan su contenido son las empresas privadas y no la Universidad en que son aplicados. Además, se priorizan los apartados de lógico-matemática y administración, dejando de lado la capacidad de análisis, crítica y otros tipos de inteligencia como la artística, musical, lingüística, kinestésica, etc. excluyendo a miles de jóvenes que piensan erróneamente que reprobaron el examen por su incapacidad intelectual.

No es un examen de ingreso, es un examen especialmente para excluir. Por ello más del 80% y siendo generosos aún, más del 80% de la población en Michoacán no llegará si quiera a pisar un aula universitaria.

Por si fuera poco, estas empresas cobran por cada examen alrededor de 200 pesos, multiplicado por las enormes filas que vemos cada año hacia el auditorio universitario. El dinero otorgado sale del recurso estatal y federal, o dicho de otra forma de los bolsillos de las mismas personas que son excluidas por ellos. Pagamos por que nos dejen fuera, convirtiendo la educación no sólo en un privilegio, también en una actividad de lucro con enormes ganancias.

Y seguirán cobrando por las evaluaciones a lo largo de nuestra carrera, exámenes de diagnóstico, de posgrado, intermedios, exámenes de egreso de la licenciatura, expresión escrita, competencia comunicativa y hasta de pensamiento crítico, aunque sus exámenes sean de opción múltiple.

Otro atentado de estos organismos a la educación pública es la acreditación. Las autoridades de la UMSNH se jactan de tener acreditados el 98% de sus planes y programas de estudio, como si fuera motivo de orgullo entregar en bandeja de plata a la educación pública para su privatización.

Se pagan anualmente alrededor de 270 y 300 millones de pesos a estos organismos. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Civil 27 millones; a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 6.3 millones y a la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, un total de 4.3 millones de pesos. En septiembre del año pasado se acreditó Filosofía e Historia, pagando 15 mil pesos sólo por aplicar el examen.

Estas medidas violentan la autonomía universitaria, pues se excluye a los sectores que conforman a la institución y a la sociedad misma de la voz y toma de decisiones sobre la Universidad que queremos y la educación que se necesita. No son medidas democráticas, ni mucho menos obedecen a los principios fundamentales de la Universidad michoacana.

Son las acreditadoras quienes aprueban las carreras y el perfil del estudiantado que cree necesario para seguir con la producción capitalista y las ganancias que quiere recibir, además que promueven abiertamente la reducción de la matrícula en las carreras con el pretexto de la “calidad educativa”. No importa que Michoacán sea uno de los estados que ocupa más personal médico en las comunidades y hospitales, las acreditadoras establecen cobrar y expedir hasta 2500 fichas y dejar 500 para la carrera, y si no se respetan los lineamientos que ahí se mencionan, simplemente cortan el recurso. No las mueve el humanismo, ni les importa la educación, sino el lucro.

Otra de las medidas de privatización son el cobro de cuotas de inscripción y los controles de acceso.

Para los controles de acceso en Ciudad Universitaria, se gastaron más de 4.6 millones de pesos en su primera etapa, y para acceder se necesita una credencial con un costo de 120 pesos. Se instalaron con el pretexto de terminar con robos y asaltos, que frecuentemente son fuera de Ciudad Universitaria. Para nosotros no es una solución, pues es un problema social, es absurdo que se pretenda acabar con la delincuencia cerrando las puertas de una institución educativa.

Sobre las cuotas de inscripción desde febrero de 2014 terminó el convenio de gratuidad. Como se mencionó antes, sabemos que la educación pública se mantiene del pago de impuestos, por lo que se lucha, es que no recaiga sobre los hombros de las y los estudiantes un cobro para subsanar un déficit que no provocaron, que fue resultado de los malos manejos y desvío de recursos. Para que no hagan pagar doble a quienes ya contribuyeron a la Universidad, para que no sea un motivo económico más que deje fuera a miles de jóvenes.

Se ha querido hacernos ver como estudiantes, que no hay dinero para las cuotas porque hay que destinar a jubilaciones y pensiones de las y los trabajadores. El primer objetivo es evadir sus responsabilidades para asegurar dos derechos fundamentales de los sectores que conforman a nuestra máxima casa de estudios, y al mismo tiempo hacernos ver como enemigos. Nosotros, nosotras, defendemos el derecho a una jubilación y pensión dignas de la mano con el cumplimiento de nuestro derecho a la educación gratuita. Aunque gracias a la lucha estudiantil se haya conseguido la opción de inscribirse gratuitamente, la lucha no ha terminado, pues aún falta un proceso de transparencia y democratización en la Universidad. UAEM*

Estas problemáticas no son exclusivas de la UMSNH, pues se presentan en las instituciones de todo el globo, ya que son resultado del proceso neoliberal de educación, el cual podría resumirse en los siguientes puntos:

a) El desfinanciamiento de la educación pública como parte de una política económica de reducción del gasto social, cuyo argumento es el control del “déficit público”, pero que en realidad implica que el estado evada su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Es por ello que el Estado impulsa el cobro de cuotas por inscripción y servicios, comercializando crecientemente la educación.
b) La generación de mecanismos de exclusión masiva dirigidos a los hijos e hijas de las y los trabajadores en edad de estudiar y con ello la elitización de las instituciones de educación superior.
c) La generación de un mercado de la educación y la mercantilización de los sub-servicios educativos, que van desde la expansión de la oferta de escuelas privadas, hasta la venta de procesos de evaluación o equipamiento.
d) La tecnocratizacion de los planes y programas de estudio, que consiste en la formación de los cuadros técnicos que requieren los empresarios y no la sociedad, a costa de achatar o eliminar el conocimiento científico y eliminando prácticamente la cultura universal de las currículas, fundamentalmente a partir de la implementación del modelo educativo basado en competencias laborales.
e) La flexibilización laboral, que implica el surgimiento de todo un destacamento de profesores del sistema de educación pública en todos los niveles y trabajadores administrativos con contratos por hora o temporales y sin certidumbre laboral, además de la creación de todo un ejército de profesores del sistema educativo privado, sin ninguna estabilidad laboral o derechos y con salarios de miseria, hasta de 30 pesos por hora.
f) Un complemento fundamental del modelo neoliberal de educación es que fomenta la heterogeneidad del profesorado del sistema público de educación por medio de la profesionalización y estímulos individuales, lo que permiten la fragmentación organizativa y sindical; así como la despolitización y la pérdida de la memoria histórica de los estudiantes; además de la creación de todo un arsenal de instituciones, reglamentos y medidas coercitivas que controlan “administrativamente” a los profesores y alumnos. Estas medidas políticas permiten la creación de profesores y estudiantes dóciles y manipulables.

Ante el panorama, las y los estudiantes nos preguntamos cuál es el papel que deberíamos jugar. Sin duda la defensa de la educación pública es una demanda que atañe a la sociedad en general, pues perderla significaría un retraso al desarrollo humano. Sin embargo, debemos construir la organización que nos permita tener el consenso y la fuerza suficiente para imponer los fines que rigen a nuestra universidad.

Para nosotros, nosotras es necesaria una Reforma Universitaria Democrática, elaborada con la participación de los diversos sectores, asegurando el respeto a nuestros derechos y la educación al servicio de la sociedad.

Pero no basta con anunciar la necesidad de esta reforma, sino que se debe trabajar para construirla. No es un camino fácil pues siempre se ha tratado de criminalizar y dividir al movimiento social, la falta de formación política y la incapacidad para llevar el movimiento estudiantil al triunfo por las formas de lucha incorrectas, han mellado sus fuerzas, sin embargo, confiamos en que foros como este y otras actividades nos permitan asumir el compromiso social de luchar por la defensa de la educación pública con una lectura certera que nos permita plantear la táctica y estrategia correcta para acumular fuerzas. Sólo así formaremos parte de la toma de decisiones de la vida política de nuestra Universidad, siempre obedeciendo a sus fines fundamentales de educarse para servir al pueblo.

La Universidad tiene como finalidad esencial servir al pueblo, contribuyendo con su quehacer diario a la formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura, que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales.

Las actividades que realice la Universidad estarán encaminadas a estimular y respetar la libre expresión de las ideas, útiles en la búsqueda de la verdad científica y para impulsar a la excelencia la enseñanza, la investigación, la creación artística y la difusión de la cultura; combatir la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; crear, proteger y acrecer los bienes y valores del acervo cultural de Michoacán, de México y universales, haciéndolos accesibles a la colectividad; alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad, las prácticas democráticas, como forma de convivencia y de superación social; promover la mejoría de las condiciones sociales y económicas que conduzcan a la distribución equitativa de los bienes materiales y culturales de la nación, y propiciar que la innovación y la tradición se integren en armonía productiva para conseguir una sólida y auténtica independencia cultural y tecnológica.